Tres científicas del CONICET NOA Sur, distinguidas por su labor en la lucha contra COVID-19

Estos dos últimos años fueron de penurias, pero también de una inexpugnable esperanza; de incertidumbre, pero también de una incuestionable solidaridad; de pérdidas inestimables, pero también de reflexiones, crecimientos y aprendizajes; fueron dos años de estar alejados mucho tiempo, pero al mismo tiempo de encontrarnos unidos como nunca para salir adelante. Transcurrieron poco más de dos años desde que se confirmó la aparición -en Wuhan, China- del hoy ya popular virus que ocasionó estragos en todo el mundo y lo dejó “patas para arriba”, así como a la vida psíquica, social y económica de las sociedades contemporáneas: el SARS-CoV-2. 

La imprevisibilidad de su aparición y -sobre todo- la voracidad en su avance tomaron por sorpresa, y desprotegidos, a los sistemas de salud y a los científicos de todo el globo. Pero también visibilizaron la estoica e inquebrantable voluntad de las personas –seres humanos, antes que profesionales- que vienen poniendo el cuerpo y el corazón, además de su vida, para darle batalla desde múltiples enfoques. En el ámbito de la investigación, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Argentina distinguió a 18 jóvenes científicas por sus importantes contribuciones –presentadas en el marco del Programa de articulación y fortalecimiento federal de las capacidades en ciencia y tecnología COVID-19- para mejorar, mitigar y combatir la problemática sanitaria. De entre ellas se destacan tres investigadoras del CONICET NOA Sur: Paula Llomparte Frenzel, de Tucumán, y Ana Garay y Constanza Urdampilleta, de Santiago del Estero.

Las 18 ganadoras fueron seleccionadas de una nómina de 64 postulantes y recibirán $200.000 que podrán destinar a viajes o viáticos para tareas de campo, a la inscripción o la participación en eventos científico-tecnológicos, para la adquisición de insumos y equipamiento, o para la subvención de publicaciones científicas. La premiación se realizará durante las actividades por el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el 11 de febrero.

Con la mirada puesta en las fisonomías de las ciudades y en las aglomeraciones

Hasta finales de octubre pasado, Paula Llomparte Frenzel transitó su carrera como becaria postdoctoral en el CONICET NOA Sur en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán, bajo la dirección de la investigadora Marta Casares. Con la foto del virus avanzando en todo el territorio nacional, y con particular énfasis en el Noroeste, Llomparte Frenzel y el equipo consideraban pertinente elaborar un proyecto que pudiera hacer frente a la dificultad que afloraba y cristalizó así una propuesta sobre temas de paisaje, espacios verdes públicos e infraestructuras verdes del sistema metropolitano de la provincia de Tucumán, y su correcta administración en el contexto de emergencia sanitaria. 

A modo de síntesis: habida cuenta del nuevo escenario global, en el que se anticipa además un aumento de las epidemias y una creciente importancia de las causas socioambientales, era necesario garantizar a la ciudadanía la disponibilidad y la accesibilidad a los espacios verdes, e incorporar soluciones basadas en la naturaleza para la mitigación de las condiciones de riesgo ambiental que genera la emergencia climática (una de las causantes de las epidemias), y al mismo tiempo, la importancia de establecer capacidades para adaptar las ciudades a este escenario global. 

“En ese marco, se actualizaron e identificaron los espacios verdes disponibles en los municipios, y se trazaron indicadores sobre cobertura por habitante, su accesibilidad y la jerarquía de estos”, explica la doctora Llomparte Frenzel, integrante del Observatorio de Fenómenos Urbanos y Territoriales (OFUT). En otras palabras, analizaron a nivel local los impactos urbanos de COVID-19, para generar herramientas de búsqueda de respuestas por parte de las diferentes instancias de gobierno. Ese aporte –agrega-  consistió, entre otras cosas, en la elaboración de cartografía colaborativa, que se gestó en articulación y relación con actividades de docencia e investigación en asignaturas de grado y posgrado; el material fue presentado posteriormente a través de plataformas virtuales en ámbitos educativos: “La implementación de esta cartografía fue una de las estrategias sostenidas desde el OFUT en el contexto de aislamiento y virtualización para generar información situada, cuantitativa y cualitativa, en relación con las adaptaciones y las transformaciones en el espacio público, las infraestructuras de cuidado y las respuestas de las autoridades locales a la pandemia”, explica. 

Título del proyecto: “Nuevo programa urbano: Herramientas para la gestión local en escenarios de COVID”

Integrantes 

Directora e investigadora responsable del proyecto: Dra. Marta Casares. Investigadoras: Dras. Natalia Czytajlo (Esp. Género) y Silvia Politi. Becarias/os: Paula Llomparte Frenzel (Esp. Paisaje), Inés González Alvo, Cristian Cola, María Eugenia Colina, Melisa Jabif. Expertas SIG: Mónica Odstrcil (IDET), Antonella Bonacina (ERSET). Colaboradores: Luciana Paz, Augusto Gutiérrez, Florencia Olivera, Jessica Danert.

Propuestas para atender a la “multidimensionalidad” la problemática social en Santiago del Estero

A aproximadamente 160 kilómetros de la capital tucumana -lo que por carretera insume dos horas y media en auto-, en Santiago del Estero, Ana Garay, se disponía también a colaborar con la causa. Es arquitecta, se especializa en Hábitat y Ordenamiento Territorial, y hace su carrera postdoctoral en el Instituto de Estudios para el Desarrollo Social (INDES, CONICET-UNSE). Mismo es el caso de Constanza Urdampilleta, becaria del INDES en el mismo orden, pero de profesión bióloga; su área de trabajo son la Agroecología y la Educación Ambiental, con lugar de trabajo también en el Instituto de Silvicultura y Manejo de Bosques de la Facultad de Ciencias Forestales de la UNSE, desde donde también buscaron cómo enfrentar la situación ocasionada por la pandemia. Ambas, desde sus respectivas especialidades y grupos de trabajo, se insertaron en uno de los ejes del proyecto COVID FEDERAL: "Identificación de estrategias y dispositivos institucionales y comunitarios significativos para mitigar los efectos sociales del Aislamiento Social Preventivo Obligatorio en los territorios", promovido desde la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) durante el período 2020-2021, y vehiculizado por el INDES en articulación con instituciones gubernamentales de Derechos Humanos, sanitarias, laborales y de vivienda, así como con la colaboración de organizaciones y movimientos sociales. La idea era realizar un abordaje interdisciplinario de la situación generada por el ASPO. Así, expertos y expertas en diferentes áreas establecieron siete ejes de trabajo que atendieron diferentes tópicos de la problemática: Salud,  Educación, Violencia de Género, Violencia Institucional, Histórico-Social (que puso énfasis en los Medios), y Vivienda e Infraestructura y Alimentación, del que formaron parte Garay y Urdampilleta.

El diagnóstico identificó y caracterizó los dispositivos instrumentados desde el Estado y/o desde el accionar comunitario para mitigar o revertir la profundización de las desigualdades causada por la pandemia. Para ello, el proyecto consideró sus efectos sociales en diferentes “escenarios”, considerando variables como dimensiones demográficas (cantidad de habitantes) o distancia geográfica (cercanía con grandes aglomerados urbanos) de los ciudadanos y ciudadanas ubicados en diferentes localidades. 

Urdampilleta investigó cómo funcionaron la alimentación y la producción de la agricultura familiar en el sector campesino-indígena en el marco del ASPO. “Los resultados dieron cuenta de una situación alimentaria crítica en familias de sectores históricamente vulnerados, que debieron cambiar sus hábitos de consumo alimentario; se observó además un descenso generalizado del consumo de carnes -45% de los hogares encuestados- y de todo tipo de productos en el caso de población dispersa”, señaló. En este último caso, las causas se relacionaron con las restricciones en la posibilidad de transporte, mientras que en los escenarios de población agrupada la principal razón fue el costo de los alimentos, agregó, y remarcó que una porción importante de la población históricamente vulnerada debió recurrir a la asistencia alimentaria para poder sobrevivir en este contexto. Por ejemplo, en barrios el 34% de los hogares recibieron y reciben asistencia alimentaria y en población dispersa el 41%, mientras en los otros escenarios se reduce al 6% y 10%. La investigación sirvió para saber que “desde el Estado ha habido una política de fortalecimiento de la asistencia alimentaria a través de comedores y merenderos comunitarios, la aplicación de la tarjeta alimentar, la entrega de bolsones de comida, y la distribución de alimentos a través de escuelas“, afirmó Urdampilleta, pero además subrayó el virtuoso rol de las organizaciones sociales y políticas para mitigar los efectos negativos del aislamiento/distanciamiento por la labor que cumplieron en la adecuación de las políticas públicas para la atención de las necesidades locales. Algunas de estas estrategias fueron el inicio o el fortalecimiento de actividades productivas para el autoconsumo (las que se encuentran con mayor frecuencia son la elaboración de panificados), las huertas adecuadas a las condiciones culturales y a la disponibilidad de recursos (tierra, forraje, agua, entre otros), y la producción de alimentos por parte de agricultores y agricultoras familiares, campesinas e indígenas.

En paralelo, la labor de Ana Garay se centró en tratar de analizar los temas Vivienda e Infraestructura Comunitaria. Y así descubrió una realidad generalizada del pobre acceso a vivienda adecuada en la provincia. Observó dos tipos de déficit: el cuantitativo –que hace referencia a la construcción de una nueva vivienda-, como el uso de materiales inadecuados como nylon y cartón para las edificaciones; y la falta de acceso a un terreno;  y el cualitativo -que alude a mejoras o ampliaciones de viviendas existentes-, dado por la falta de baños, el hacinamiento (como resultado de la convivencia de familias numerosas o ensambladas en espacios reducidos); por falta de adecuación climática de las construcciones, nulo o mal acceso a servicios básicos como gas, luz, agua (en calidad y cantidad), cloacas, telefonía e internet -por mencionar algunos-, y debido a la falta de mantenimiento apropiado.

“Y el problema de no tener acceso al agua empeora en épocas de calor –destaca Garay-, lo cual es perjudicial para las condiciones de higiene necesarias para frenar los contagios por COVID-19”. Y añade que el hecho de que el acceso al agua dependa del almacenamiento pone en riesgo de otras enfermedades endémicas en la región como el dengue, zika o chikungunya.

El trabajo de campo demostró también dificultades durante el ASPO según la zona de residencia: “Sufrieron mayor aislamiento quienes viven en los barrios o en comunidades, especialmente de las  de población rural dispersa, debido a la distancia respecto de los servicios centralizados, lo que se vio agravado por el aumento de costos de transporte, la imposibilidad de trasladarse a través de las fronteras departamentales y la dificultad para lograr la solicitud de permisos de circulación”, resalta Garay y añade que, por el mismo motivo, hubo complicaciones para poder enfrentar tareas de cuidados de familiares o de atención a compañeras en situaciones de violencia.

En términos generales, y para concluir, ambas investigadoras coinciden en que la pandemia trajo a la luz de forma más contundente dos cuestiones en cuanto a la desigualdad social en la provincia (amén de las principales, como las brechas de ingresos, clases sociales etc.). “En primera instancia, la necesidad de una interculturalización del Estado en todas sus formas, y en segundo lugar, que las cuestiones de género atraviesan todos los ejes en los que se analizó la desigualdad. Dadas las evidencias de la violencia estatal simbólica y de género, se propone entonces la formación de agentes públicos en todos sus ámbitos sobre estas temáticas”, coincidieron en resaltar.

Coordinadores de ejes del proyecto santiagueño

Educación: Dr. Raúl Esteban Ithuralde (INDES y FAyA).

Violencia Institucional: Dra. Celeste Schnyder (INDES) y Dr. Federico Medina (INDES).

Violencia de Género: Dra. Cecilia Canevari (INDES) y Mg. Rosa Isac (INDES).

Salud: Mg. Laurencia Silveti (FHCSS-UNSE e IMSATED).

Medios: Lic. Ramiro Llanos Paz (INDES).

Histórico-Social: Dr. Alberto Tasso (INDES)

Trabajo, Vivienda e Infraestructura y Alimentación: Dra. Ana Garay- INDES (CONICET/UNSE), Dr. Lucas Torres- INDES (CONICET/UNSE), Dra. Constanza Urdampilleta- INDES (CONICET/UNSE).

Las científicas premiadas en el resto del país

Región Centro (Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe)
Natalia Fernández
Verónica Pugliese Solivellas
Emiliana Orcelet

Región Cuyo (Mendoza, San Juan, San Luis)
María Noelia Salatino
Silvia Mirón Erdmann
Natalia López Celani

Metropolitana (Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Yohanna Maldovan Bonelli
Sofía Perrone
Magdalena Lemus

NEA (Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones)
María del Carmen Maurel
Daiana Ibáñez Alegre
Julieta Rozenhauz

Patagonia (Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego)
Lorena Álvarez Manríquez
María Valeria Albardonedo
María Dulce Henríquez Acosta

Link : https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-ministerio-reconoce-investigadoras-jovenes-por-su-labor-en-la-lucha-contra-el-covid-19