El rol de los actores económicos: la ciencia y sus aportes en los procesos de Memoria, Verdad y Justicia

El domingo 24 de marzo se conmemoró en nuestro país el Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, una jornada que como todos los años llama a la reflexión, el análisis crítico y la movilización social para acompañar la lucha de los familiares en reclamo de justicia por las 30 mil víctimas que padecieron la impunidad del autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”, que usurpó el gobierno mediante un golpe de Estado e instituyó una dictadura cívico-militar entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.

Pues bien, en la cruzada de juzgamientos a los partícipes -directos e indirectos- que tuvieron algún tipo de vinculación con los hechos hay científicos y científicas del CONICET que en todo el país hacen contribuciones sustanciales. En Tucumán, uno de ellos es Gabriel Pereira, investigador del Instituto de Investigaciones Territoriales y Tecnológicas para la Producción del Hábitat (INTEPH, CONICET-UNT); especialista en estudios socio-jurídicos que desde hace años lleva adelante un proyecto de investigación-acción, con el objetivo de analizar los procesos de verdad y justicia respecto de actores económicos involucrados en la comisión de crímenes de lesa humanidad en contextos de terrorismo de Estado y en conflictos armados.

“Es importante destacar que este tipo de investigaciones junto a otras se vienen haciendo en unísono con disciplinas que ayudan a entender cómo fue el fenómeno del terrorismo de Estado, no tan sólo en Argentina, sino en el mundo”, comenta Pereira, y hace una aclaración al respecto: “Entender este proceso implicar ir mucho más allá de la perspectiva de desaparición y asesinato de personas por parte de un grupo de criminales que asume el poder mediante un golpe; como lo vienen afirmando los organismos de DDHH, se trató además de un plan –deliberado- que tuvo fines económicos, culturales, sociales, éticos y morales. 

La búsqueda del investigador del INTEPH, en colaboración con colegas del resto del mundo, permitió construir una base de datos que identifica 1273 actores mencionados como cómplices económicos en 62 países. “Desarrollamos conjuntamente iniciativas con organizaciones de la sociedad civil y profesionales del derecho para promover casos judiciales contra ellos, como por ejemplo en causas contra directivos del Ingenio La Fronterita en Tucumán y la Pesquera Arauco, en Chile”, reveló Pereira. Asimismo, agrega que también incidieron sobre políticas de verdad y justicia en Colombia y en Argentina a través de la presentación de documentos con datos y propuestas de políticas públicas, destinadas a crear comisiones de la verdad y promover una mirada integral a los procesos de justicia.

Estos avances permiten entender que no todo el sector empresarial y no todos los actores económicos realizan prácticas similares, sino que, en determinados contextos, con determinadas desregulaciones, algunos cometen delitos y otros no. Pero, además: “Nos ayuda a entender cómo funciona el sistema democrático, por un lado, y el económico capitalista en el que estamos insertos, por otro”, afirma el experto del INTEPH. 

El mencionado proyecto de investigación con participación internacional y de carácter transdisciplinar alcanzó a los organismos internacionales de DDHH como Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), que para Pereira tienen un rol fundamental en promover que los estados cumplan con la protección del derecho a la verdad y la justicia de las víctimas del Terrorismo. “Luego de la presentación de informes y la realización de audiencias internacionales, nuestra propuesta fue recogida por estos órganos y plasmados en informes que establecen la obligación de las naciones de iniciar procesos de verdad y justicia para la rendición de cuentas de actores económicos involucrados en la comisión de delitos de lesa humanidad y violaciones graves de derechos humanos”, expresa Pereira. Para el investigador no se pueden construir sociedades democracias sólidas si no se logran las garantías de la no repetición; es decir, de que no sucedan más planes sistemáticos  e ilegales que atenten contra la vida y la integridad de las personas.